La agrupación Corriente Unidad Sur acusa al possismo de hacer "clientelismo VIP"

La agrupación Corriente Unidad Sur de San Isidro (ex Proyecto Sur) emitió en siguiente comunicado de prensa donde toma posición frente al cambio de zonificación de un predio del Hipódromo y sobre la política oficial de desarrollo urbano.  




Edificación del Hipódromo: el Territorio al servicio del negocio 


La rezonificación del Hipódromo de San Isidro es una muestra más de cómo el diseño urbano del distrito se realiza de acuerdo a los intereses privados de los sectores más poderosos del distrito, y no de una idea de Bien Común. Esta lógica de administrar el territorio en base a intereses privados ha sido una constante en la Argentina de las últimas décadas, llevando nuestras ciudades a un colapso estructural que se vislumbra en las habituales inundaciones, los cortes de energía, el tránsito creciente, la debacle de los sistemas públicos de transporte, etc.


Las políticas demográficas y habitacionales no son dirigidas de acuerdo a una planificación estratégica que nos permita gozar de un ambiente saludable, si no que se realizan de forma anárquica a partir de los negocios que desarrolla una porción minoritaria de la sociedad. 
Nuestra relación con el territorio ya no es dirigida por una idea social de Bien Común, si no por las ansias de acumulación de riqueza, lo que nos ha llevado a un colapso socio-ambiental. 

Esta lógica urbana neoliberal encuentra en la zona norte del conurbano bonaerense uno de sus ejes centrales, y en el distrito de San Isidro un caso paradigmático. Por eso, más allá de repudiar la utilización de nuestro mayor pulmón verde como área para el negocio inmobiliario y sumarnos a las iniciativas vecinales que pretenden frenar esta locura, creemos que es importante señalar algunos ejes que permiten comprender cómo procede el gobierno municipal respecto de la administración de nuestro territorio.


Clientelismo VIP

La entrega de terrenos públicos y excepciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU), son ofrendas que Gustavo Posse realiza cotidianamente para tejer una red de organizaciones que están en deuda con su gobierno. Estas prácticas de “clientelismo VIP” le permiten al oficialismo local ganar simpatías, “votantes”, pero también asegurarse el silencio cómplice de éstas organizaciones cuando las políticas municipales traspasan los más básicos niveles de ética pública. La dependencia, creada con aquellas organizaciones que tienen permiso para el uso exclusivo de espacios públicos o que buscan obtener permisos para construir más allá de lo originalmente establecido en el COU (sumadas las que reciben cuantiosos subsidios), es una herramienta fundamental para sostener los niveles de discrecionalidad política de los que goza el gobierno municipal. 

Clubes náuticos y de rugby, colegios privados, organizaciones vecinales y hasta diversas iglesias son sostenidas económicamente por el municipio a través de la cesión de tierras, excepciones y/o subsidios, lo que da como resultado un enorme silencio cómplice por parte de las “instituciones más prestigiosas de San Isidro”. Para cambiar esta lógica feudal y avanzar en una democracia más transparente, inclusiva y participativa es necesario cambiar la tendencia privatizadora y volver progresivamente a un uso público de nuestros bienes comunes. Nadie sostiene acá que los alumnos, socios o fieles de éstas organizaciones deban dejar de gozar de nuestros bienes comunes, simplemente creemos que deben utilizarlos junto a todos los vecinos, en una condición de igualdad que promueva la integración comunitaria y no la desintegración causada por la injusticia, base estructural de la violencia social.

Queremos que la administración pública esté guiada por un ideal de Bien Común, y no por los intereses de ciertos bienes privados.


Negocio inmobiliario y políticas públicas

Un personaje que resulta fundamental para entender el grado de inserción que tiene el negocio inmobiliario en la definición de nuestras políticas distritales es el Ingeniero Fernando Romero, quien fuera subsecretario de Obras Públicas de San Isidro desde la asunción de Gustavo Posse, en 1999, hasta finales del 2008. Luego de renunciar a dicho cargo Romero fundó la inmobiliaria Syrah, que ha desarrollado decenas de proyectos en San Isidro, incluida la proyección de un hotel sobre la costa del Río de la Plata, a escasos metros de la Reserva Natural Ribera Norte. Ésta inmobiliaria que tiene sus oficinas centrales en la Av. Libertador al 17.232, constituyó una alianza estratégica con la constructora CESA (Construcciones Ecológicas S.A.), empresa que fue adjudicataria de contratos municipales por varias decenas de millones de pesos: obras del Plan Federal de Viviendas, la construcción del Centro de Salud San Isidro Labrador (barrio La Cava), las ampliaciones de los centros de salud en Boulogne y el Bajo de San Isidro, etc. 

La alianza entre CESA y Syrah es tan evidente que la constructora admite en su página web realizar operaciones en las lujosas oficinas de Libertador 17.232. Pero además de ésta dirección CESA presenta otro domicilio central, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Av. Santa Fe 846 Piso 3. Curiosamente la misma dirección que ostenta la sede argentina de la Fundación Weitz Center Internacional (FWCI), de la cual el propio Romero fue nombrado Presidente en el año 2009, para en seguida “asesorar” al gobierno de San Isidro en obras tales como el Plan Federal de Viviendas, el Hospital de Boulogne y el túnel de la Av. Uruguay, entre otras. Este tridente formado por Syrah, CESA y la FWCI, dirigido por quien fuera secretario de Obras Públicas de Gustavo Posse durante sus primeros 9 años de gobierno y financiado a través de la obra pública, es la prueba más evidente de la profunda relación existente entre el negocio inmobiliario y el poder político sanisidrense. 

Esta relación, al igual que el clientelismo VIP, lleva a que primen los intereses privados por sobre el Bien Común a la hora de definir políticas públicas en relación a nuestro territorio, produciendo inundaciones cada vez más habituales, cortes de energía, hacinamiento, aumento exponencial de alquileres y del costo de la tierra, saturación del transporte público y el tránsito, etc. Para poder vivir en un ambiente sano es necesario un cambio: poner el Estado y sus políticas al servicio del Bien Común, y no de los intereses privados. 

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